Hace pocas semanas alrededor de 200 familias que vivían arrinconadas por la marginalidad y la droga en la zona de La Costanera, recibieron luego de mucho tiempo una gran noticia: se iban a vivir al barrio 260 Viviendas construido por el Gobierno, en las cercanías del Cementerio del Ángel, al costado de la avenida de Circunvalación. Pero la alegría les duró poco a muchos de sus habitantes. Luego de quince días la venta y el consumo de drogas reaparecieron.
"Tuvimos dos semanas en paz. Esto era como el paraíso. Duró poco, unos 15 días. Ya empezaron a vender de todo. Deberían haberse fijado bien de no mudar también a los dealers. Hay tres familias que están comercializando porros y pasta base", dijo una madre de cinco hijos, cuyos dos mayores, de 18 y de 17 años, son adictos y han vuelto a consumir. Los flamantes moradores contaron que los jóvenes empiezan a deambular en busca de su dosis diaria hacia la tarde. Si no tienen dinero, salen a robar para conseguirlo, aseguran los vecinos. Pasan toda la noche en vela y la plaza amanece tapizada de bolsitas con pegamento y papelitos metalizados. Se quejan por la inseguridad. Ni los colectivos ni los remises ingresan a la barriada. Hace una semana, durante el asalto a un remisero, se produjo un tiroteo.
Como si esa realidad no fuese suficientemente adversa, hace más de un mes los chicos no asisten a la escuela porque el transporte que les prometieron nunca llegó. Los reubicaron en establecimientos de la zona, pero el más cercano está a 30 cuadras, según le dijeron a nuestro diario los vecinos. Tampoco disponen de un CAPS. "Si alguien se enferma hay que ir hasta la Costanera, pero es muy caro pagar un taxi hasta ahí. Dependemos de la buena voluntad de algún vecino con moto o carro. Apenas nos mudamos nos dijeron que ante la menor sospecha de venta de droga teníamos que denunciarlo al Instituto de la Vivienda. Ya lo hicimos, pero no tenemos respuestas", dijo una señora.
El interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano dijo que como en todo barrio nuevo en este también se necesitan hacer las tramitaciones necesarias para proveerles transporte y otros servicios. "No tenemos aún conocimiento sobre la posible venta de droga. Estamos haciendo un acompañamiento intensivo desde el punto de vista social para la formación de centros comunitarios. Es un programa integral de reubicación y mejoramiento en la calidad de vida de estas personas. Seguramente los efectos no se verán lo inmediato, sino en el mediano plazo", afirmó.
Es positiva, por cierto, la intención del Gobierno de brindarles viviendas (tienen dos dormitorios, un baño y una cocina-comedor) a estos comprovincianos con la idea de cambiarles la vida. Posiblemente, la mudanza debió hacerse con los servicios en funcionamiento y en el marco de una política integral que contemple la seguridad, la educación (la alfabetización de los adultos), la salud, la cultura, el deporte, así como la organización en pequeñas cooperativas de trabajo, para combatir el desempleo y la marginalidad.
El hecho de darle una casa a quien nunca la tuvo, es un pequeño paso para la transformación; pero si no está acompañada por la educación el cambio que se anhela difícilmente se producirá. Si en este borrón y cuenta nueva, no se arranca la droga de raíz, la historia volverá a repetirse y, lo que es peor, seguirá destruyendo niños, adolescentes y familias enteras.